La Directora de Normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Iveth Espinoza, aseguró que esa institución aún está estudiando e investigando cuáles deben ser los parámetros medibles que debería incluir el balance social que están obligadas a presentar, en forma anual, las entidades financieras, como establece la Ley 393.
“Estamos realizando las investigaciones para saber y establecer mínimamente que debería tener el balance social. Un aspecto importante será ver la calificación que en la próxima gestión tienen que presentar las entidades a la ASFI. Eso nos dará un mirada de la situación en que nos encontramos como país en el tema de responsabilidad social y desempeño social”, sostuvo Espinoza en su intervención en el seminario taller Gestión de Desempeño Social y Gestión de Riesgos en Entidades Financieras que concluirá hoy.
En el seminario organizado por Oiko Credit, Forolacfr y Findeto para examinar aspectos de la Ley 393 de Servicios Financieros en lo referente al desempeño social, Espinoza explicó que la nueva norma busca que exista mayor inclusión financiera en Bolivia y que en ese marco se han establecido disposiciones que se deben cumplir como función social.
No obstante, también fue explicita al decir que no se puede tener función social o responsabilidad social empresarial sino está ligado al equilibrio financiero. “Tenemos que trabajar resultados sociales sin dejar de lado los resultados financieros”, sostuvo.
Sin entrar en detalles, mencionó que la Ley 393 establece que como función social, las entidades financieras deben facilitar a la población acceso a créditos para la vivienda social y al sector productivo, este último aún no reglamentado.
Según la autoridad, con esta nueva norma la ASFI está acompañando el cambio estructural del nuevo Estado Plurinacional en lo que se ha denominado “el vivir bien”.
En ese sentido dijo que el acceso a servicios financieros no se limita simplemente al acceso al crédito sino a servicios que contemplen calidad y calidez, se debe promover la cultura del ahorro. Las entidades de intermediación deben garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos, se deben optimizar los tiempos y los costos de entrega de servicios.
Mencionó que los productos que se ofrecen deben estar de acuerdo a las necesidades y el conocimiento que tiene la persona de estos productos. “No podemos dar productos muy complicados a persona que tiene conocimientos mínimos sobre lo que es el sistema financiero.
Recordó que además del balance social, la norma dispone que se debe establecer un porcentaje de las utilidades para la función social y que está será aprobada a través de un decreto supremo.
Sobre la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Espinoza, dijo que antes de la aprobación de la nueva Ley de Servicios Financieros, la ASFI reglamentó la RSE y para realizar un seguimiento a estas actividades se incorporó la obligación de que las entidades deben contar con una planificación estratégica.
“Lo importante de reglamentar la RSE es que ya no se vincula con una actividad filantrópica porque establece tener una planificación que debe estar gestionada y orientada a un beneficio de las partes interesadas en tres aspectos: económico, social y ambiental”.
Destacó que el concepto más importante es que se debe rendir cuentas que las entidades financieras deben hacer conocer qué están haciendo por sus clientes, es decir, transparentar sus actos y tener un comportamiento ético entre otros.
