En Bolivia, las mujeres trabajadoras que sufren violencia pierden 6 días de productividad laboral al año, el personal que es testigo pierde 5 días y los agresores 8. Estos son algunos de los datos que el estudio “Violencia contra las mujeres y productividad laboral en empresas de Bolivia: Prevalencia e impacto en el contexto post pandémico 2021” encontró tras realizarse 5213 encuestas en 2021, en un total de 13 empresas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Los días perdidos por las*os colaboradoras*es debido a la violencia contra las mujeres (VcM) y el hostigamiento sexual laboral (HSL), representan para las empresas del estudio, en promedio, aproximadamente 19 mil días perdidos, equivalente a la productividad de 68 trabajadoras*es full time durante todo el año.
El estudio señala además que el 47% de trabajadoras*es encuestadas*os indicaron haber estado involucradas*os directamente en relaciones violentas con su pareja o expareja, ya sea como agredidas (mujeres) o como agresores (hombres), en algún momento de su relación. La violencia contra las mujeres tiene un preocupante impacto negativo en el desempeño de trabajadoras*es en las empresas, una pérdida de concentración y energía (41%), mayor ausentismo (52%), deficiencias en los resultados laborales (42%) y distrés emocional (25%).
El estudio “Violencia contra las mujeres y productividad laboral en empresas de Bolivia: Prevalencia e impacto en el contexto post pandémico 2021”, es parte de las acciones que desarrolla el proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres (PREVIO) para generar evidencia y herramientas para la prevención de la VcM en empresas públicas y privadas. PREVIO es una iniciativa de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Los resultados de la investigación se presentan el 10 de mayo en el salón “Rodolfo Illanes” del MJyTI, donde participaron la Sra. Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, la Lic. Roxana Zaconeta, Directora General de Prevención y Eliminación de toda forma de Violencia en Razón de Género y generacional, el Dr. Bernhard Boesl, Director Residente de la GIZ Bolivia y Paraguay, el Dr. Arístides Vara-Horna de la Universidad San Martín de Porres de Perú, la Lic. Irma Campos Coordinadora del proyecto PREVIO y medio centenar de invitadas*os.
Miriam Huacani, Viceministra de Igualdad de Oportunidades, tras invitar a conocer los hallazgos del estudio, señaló: “Estos resultados van a servir para diseñar políticas, pero también para tomar decisiones al interior de las empresas, sobre todo en el marco de la prevención de la violencia… necesitamos medir como este flagelo afecta a la productividad laboral en las empresas bolivianas”
Bernhard Boesl, Director Residente de la GIZ Bolivia y Paraguay, señaló: “Los datos nos llaman a tomar en cuenta que el valor del trabajo preventivo de la violencia no sólo se ve en términos sociales vinculados a la mejora de la calidad de vida de muchas mujeres, sino también en términos económicos de la disminución de los costos y pérdidas asociadas a la violencia contra las mujeres en el empresariado. Invitamos a las empresas privadas y públicas a sumarse a esta iniciativa y mirar sus datos, realizar este tipo de estudios y a partir de ahí incorporar medidas en sus políticas y prácticas empresariales”.
La violencia hacia las mujeres representa elevados costos sociales y económicos en todos los niveles (individual, familiar, social; gastos gubernamentales y costos para el sector privado), que impiden que las sociedades salgan de la pobreza. Las empresas pueden contribuir de manera importante en su prevención y al mismo tiempo reducir los impactos, que en tiempos post COVID, es una acción fundamental para la recuperación económica.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional desarrolla y ejecuta políticas y normas de manera participativa para promover el acceso a la justicia social, el pluralismo y la transparencia de la gestión pública, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las bolivianas y bolivianos para Vivir Bien.
Fuente: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
