El gobierno del presidente Luis Arce Catacora, promulgó el pasado 17 de agosto el Decreto Supremo N°4779 que crea el Sello «Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia».
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Carla Sandy Quinteros, en el Foro Internacional «Transversalidad de Género, una oportunidad para asegurar la autonomía en las mujeres», organizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) informó que el Decreto Supreo N° 4779, aprobado por el Gobierno se constituye en un incentivo para el sector empresarial y forma parte de las acciones destinadas a luchar, en todo ámbito, contra la violencia hacia las mujeres.
El Sello «Empresa Comprometida con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia» dijo, será entregado a las empresas que contribuyan a la prevención de la violencia contra las mujeres y la construcción de una cultura despatriarcalizadora.
En el parágrafo II del artículo 3 del Decreto Supremo, establece que este «SELLO» se constituye en un reconocimiento a las empresas comprometidas en la erradicación de la violencia contra las mujeres y que generan entornos laborales seguros”.
El documento da cuenta que este reconocimiento tiene 3 categorías:
-Sello Bronce al compromiso,
-Sello Plata a la prevención
-Sello Oro a la innovación “de ideas y prácticas que contribuyan en la prevención de la violencia contra las mujeres y coadyuven a la construcción de una cultura despatriarcalizadora”.
Señala que la convocatoria se hará una vez al año y podrán participar empresas privadas, empresas públicas, sociedades comerciales en las que el nivel central del Estado tiene participación mayoritaria, sus filiales y subsidiarias.
El gobierno del presidente Arce, añade, está comprometido en la lucha contra este mal social con iniciativas como el Sello y la propuesta de ley que plantea el procedimiento penal “especial” para llegar a juicio en delitos de violencia contra la mujer y la anulación de “fueros y privilegios” contra los agresores para que sean sancionados “con todo el peso de la ley”.
Da cuenta que un Comité de Evaluación; formada por los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional; de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y de Trabajo, Empleo y Previsión Social; se encargará de evaluar el cumplimiento de los requisitos y criterios de los postulantes.
Entre los seis beneficios de contar con el sello está el reconocimiento público y la difusión de las empresas acreedoras, a través de plataformas digitales y redes sociales del nivel central del Estado.
