Agrónomos, forestales y veterinarios pidieron al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera agrícola en zonas que no tienen vocación productiva.
La reforestación de la zona afectada por los incendios en la Chiquitania demorará unos 200 años, de acuerdo con datos del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), Ever Durán, según nota publicada en el diario Página Siete.
“El bosque que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse”, señaló el profesional.
Durán agregó que es imperativo que el Gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los incendios y recurra a ayuda internacional, no sólo para apagar el fuego, sino también para que se refuercen las tareas de reforestación y mitigación de los efectos de los incendios sobre la zona afectada y la salud de los habitantes.
De acuerdo con reportes oficiales, los incendios en la Chiquitania devastaron al menos 470 mil hectáreas de bosques y pastizales, un territorio equivalente a unas 20 veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz o al polígono formado con la unión de líneas rectas de Patacamaya-Viacha-Irupana-Coroico.
Vocación agrícola
Representantes de los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y veterinarios del departamento de Santa Cruz exigieron al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera agrícola en zonas sin esa vocación.
“Se debe definir un modelo productivo que respete la capacidad de uso mayor de la tierra en el marco de los Ordenamientos Territoriales (OT). Además, exigimos e instamos al Gobierno a pensar que los recursos naturales no son generación de recursos económicos para unos cuantos, sino generación de calidad de vida para todos los bolivianos y esto sólo se logrará con un marco sostenible de estos recursos”, se lee en el pronunciamiento de los profesionales cruceños.
Para esto, los ingenieros señalaron que se debe trabajar en un modelo productivo que respete la capacidad de los suelos y su uso mayor, así como incentivar el aprovechamiento sostenible de los bosques en respeto de sus condiciones y potencialidades.
El pronunciamiento, además, exige a las autoridades que se derogue la Ley 741, los Planes de Desmonte iguales o menores a 20 hectáreas (PDM-20) y el Decreto Supremo 3973, que legaliza las quemas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando sin tomar en cuenta los planes de uso de suelos (PLUS).
“Los tres colegios de profesionales exigimos a las autoridades del Gobierno central derogar la Ley 741, que establece las autorizaciones de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, y el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias), normas que permiten las quemas y perforan los Planes de Uso de Suelo en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando”, indicó Juvenal Bonilla, titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz.
A causa del mismo desastre, los ganaderos del departamento de Santa Cruz aseguraron que se quedaron sin alimentos para sus animales y que las pérdidas económicas causadas por el incendio alcanzan ya dos millones de dólares.
Piden al INRA detener la dotación de tierras
El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Hugo Salmón, indicó que el legislativo departamental pidió que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) paralice la dotación de tierras y la otorgación de permisos de asentamiento en las zonas protegidas o que no tienen una vocación productiva o agrícola.
“Ayer emitimos una declaratoria solicitando al INRA que paralice cualquier asentamiento y suspenda las otorgaciones de resoluciones en áreas protegidas, pero también, de acuerdo con las recomendaciones del Plan de Uso de Suelos, en áreas donde no se tiene vocación productiva”, manifestó Salmón.
De acuerdo con el legislador departamental, la información del Sistema de Alerta Temprana Contra Incendios Forestales (Satif) indica que la mayor cantidad de quemas y chaqueos en el departamento se llevan a cabo en áreas de producción forestal y en áreas de uso silvo-agro-pastoril.
“Eso quiere decir que se está chaqueando en zonas que tienen vocaciones completamente diferente al uso que se les está dando, entonces, esta declaración de la Asamblea Departamental va hacia el INRA, para que pueda suspender estas otorgaciones de títulos y autorizaciones de asentamientos en estas zonas”, dijo.
Asimismo, el presidente de la Asamblea exigió a la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) hacer que se cumpla con la normativa forestal y los Planes de Uso de Suelos, evitando emitir órdenes de quema en áreas protegidas, de reserva o con vocaciones diferentes a la agrícola o pecuaria.
Fuente: Página Siete
