En los últimos años, la sostenibilidad de las cadenas de suministro se ha vuelto un imperativo debido a las nuevas demandas de consumidores, clientes y nuevas normativas nacionales e internacionales. Es ilustrativo el reciente caso de una coalición internacional de ONGs que solicitó al supermercado francés Grupo Casino, dejar de comercializar carne vacuna proveniente de zonas deforestadas en Brasil y Colombia.
Desde el 2017, el grupo está sujeto a una nueva legislación francesa que obliga a las empresas a tomar las medidas adecuadas para prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, daños ambientales y daños a la salud y la seguridad de las personas, resultantes de sus operaciones, actividades, y / o las de sus subsidiarias, proveedores y subcontratistas.
Organizaciones como Canopée, CPT, Sherpa, entre otras, formaron una coalición internacional para denunciar que esta ley no se estaría cumpliendo ya que proveedores brasileños de Grupo Casino estarían violando su política de cero deforestación. Por otra parte, los inversionistas también están demandando mayor proactividad a las empresas en las formas de abastecerse de manera responsable y de conformidad con las normas internacionales que garantizan el respeto de los derechos humanos, el trabajo decente y la protección del medio ambiente.
El reciente pedido de los accionistas de Tesla ilustra bien esta nueva proactividad accionarial. En su reunión anual del 20 de septiembre, los accionistas desafiaron la política de arbitraje laboral de Tesla y sus pautas de derechos humanos. Exigieron mayor información y proactividad para incorporar un proceso de debida diligencia en DD.HH. en su cadena de suministro de minerales y garantizar derechos laborales en sus plantas de EE.UU.
Otro ejemplo, es el fondo inversor de banco Nordea que en agosto pasado anunció el retiro de sus activos del grupo brasileño JBS, el mayor frigorífico de carne vacuna, acusado por la justicia brasileña de estar vinculado a la deforestación de la Amazonía y a otros escándalos.
En este nuevo contexto de demandas y expectativas, la Conducta Empresarial Responsable (en adelante CER) es un nuevo imperativo para el mundo empresario, entendida como una nueva forma de conducir los negocios de manera responsable y no una acción meramente filantrópica o caritativa que las empresas emprenden fuera de su actividad principal para mejorar las comunidades en donde operan.
La CER es intrínseca a la forma de operar y a la estrategia de negocios de la empresa, y se propone maximizar la contribución de las empresas al desarrollo sostenible a la vez que se minimizan los impactos negativos de las operaciones empresariales, tanto desde el punto de vista de los negocios y los trabajadores como de la comunidad.
La CER adquiere aún mayor relevancia cuando las empresas operan en múltiples países y jurisdicciones, y cuando se relacionan con múltiples socios comerciales en las cadenas de suministro. Garantizar un enfoque coherente de la CER en todas las operaciones de las empresas, facilitará el cumplimiento de las principales leyes laborales en la mayoría de los países.
La promoción de una CER en las cadenas de suministro comienza entonces por mejorar la comprensión de los grupos de interés, en particular las empresas, para implementar un análisis de debida diligencia para identificar, prevenir y abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos, el trabajo decente y el medio ambiente.
La debida diligencia se ha puesto como centro de las demandas sociales de los últimos años. La reciente declaración conjunta de 26 empresas globales para impulsar una legislación en la Unión Europea que exija al sector privado llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, es solo uno de los muchos ejemplos de estas demandas.
}Por otra parte, un nuevo informe de la Confederación Sindical Internacional, titulado “Hacia la diligencia debida obligatoria en las cadenas mundiales de suministro”, plantea que para garantizar una economía mundial resiliente que sustente una recuperación de la COVID-19 conductiva hacia el progreso social, los gobiernos deben adoptar medidas legislativas decisivas como leyes sobre diligencia debida obligatoria respecto a los derechos humanos.
El contexto de la Covid-19, ha puesto en relevancia hoy más que nunca la importancia de observar y mantener altos estándares de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), como una manera de garantizar y promover un retorno seguro y saludable a las labores.
En ese sentido, la debida diligencia en materia de SST es un elemento crucial para la dimensión laboral de la CER.Lugares de trabajo seguros, donde los riesgos para la salud son identificados y minimizados, permite el desarrollo y ejercicio pleno de los demás derechos laborales, mejorando el cumplimiento e impacto de las empresas.
En este sentido, y con el objetivo de apoyar prácticas de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe-CERALC, en alianza con el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, inició en octubre un programa de formación a distancia llamado Promoviendo la Conducta Empresarial Responsable y Condiciones Seguras de Trabajo en las Cadenas de Suministro.
Hasta noviembre próximo, las organizaciones de empleadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú, estarán capacitándose en 29 módulos que abarcan una selección de asuntos sobre la SST, gestión de riesgos, prevención de accidentes, acoso y violencia en el mundo del trabajo, instrumentos internacionales sobre CER, trabajo infantil, trabajo forzoso, libertad de asociación, discriminación, entre muchas otras materias.
