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El 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea dio luz verde a un paquete de reformas que alterará de manera significativa las normativas de sostenibilidad empresarial en la Unión Europea. Para analizar el alcance de estos cambios, el Observatorio de RSC ha realizado una publicación que desglosa los principales puntos de la propuesta Ómnibus y su impacto en la transición hacia una economía más sostenible y en la responsabilidad corporativa dentro de la Unión Europea.
Europa ha pretendido posicionarse como referente en producción sostenible, impulsando regulaciones dirigidas a prevenir, mitigar y evaluar los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, con este nuevo paquete legislativo, presentado por el Comisario de Economía, Productividad, Aplicación y Simplificación, Valdis Dombrovskis, y la Comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, María Luís Albuquerque, se abre la puerta a un debilitamiento de los compromisos climáticos y de transparencia corporativa.
Bajo el argumento de reducir la carga administrativa de las empresas y fortalecer su competitividad, estas modificaciones desmantelan responsabilidades empresariales en sostenibilidad, limitan la transparencia y excluyen a la sociedad civil del proceso. Pero, ¿hasta qué punto esta estrategia realmente favorece un modelo económico sostenible? Con el objetivo de esclarecer lo que implican estos cambios, el Observatorio de RSC ha realizado una publicación en la cual se resumen los puntos de la propuesta Ómnibus que afectarán a la transición en materia de sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la UE. Además, cabe destacar que el Observatorio de RSC se une a más de 360 organizaciones de sociedad civil y sindicatos de más de 50 países para instar al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a no recortar las ambiciones climáticas y medioambientales ni los compromisos con los derechos humanos protegiendo las leyes esenciales de sostenibilidad.
Reformas en la Directiva de Información sobre Sostenibilidad (CSRD)
La CSRD obliga a las empresas a reportar sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con información clara y comparable. No obstante, las nuevas medidas ponen en entredicho la fiabilidad de estos datos, lo que podría afectar la movilización de capital hacia iniciativas responsables.
Entre los cambios más preocupantes destacan:
- Reducción del ámbito de aplicación: sólo las empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio superior a 50 millones de euros quedarán obligadas a reportar, excluyendo al 80% de las empresas actualmente alcanzadas por la norma.
- Retraso en la aplicación: la entrada en vigor de los requisitos de información para grandes empresas que aún no han comenzado a reportar se pospone dos años.
- Modificación de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS): la Comisión planea reducir drásticamente la cantidad de datos obligatorios.
- Eliminación de los estándares sectoriales: las pymes cotizadas ya no estarán obligadas a presentar informes de sostenibilidad.
Reformas en la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD)
Esta directiva obliga a las empresas a establecer procesos de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, pero la nueva propuesta limita drásticamente su alcance:
- Plazos ampliados: la adopción de la directiva se adelanta a julio de 2026, pero su transposición a nivel nacional se retrasa hasta 2027 y su aplicación en grandes empresas hasta 2028.
- Supervisión menos frecuente: la revisión de la diligencia debida pasará a realizarse cada cinco años en lugar de anualmente.
- Límites a la responsabilidad empresarial: se elimina la posibilidad de poner fin a relaciones comerciales con socios que incumplan la normativa.
- Restricción en el análisis de la cadena de valor: las grandes empresas solo deberán evaluar riesgos en sus socios directos, dejando fuera eslabones críticos de la cadena de suministro.
- Limitación en el acceso a la justicia: las víctimas de violaciones de derechos humanos perderán la posibilidad de presentar demandas a través de sindicatos, ONG o instituciones nacionales de derechos humanos.
Reformas en la Taxonomía de la UE
El Reglamento de Taxonomía de la UE proporciona criterios para determinar si una actividad económica es ambientalmente sostenible. Sin embargo, las modificaciones propuestas introducen importantes retrocesos:
- Reducción del alcance: con los cambios en la CSRD, más del 80% de las empresas quedarían fuera de esta clasificación.
- Menos información: la simplificación de los formularios reducirá un 66% los datos requeridos, dificultando la comparabilidad y la rendición de cuentas.
Reformas en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)
El CBAM establece un precio al carbono emitido en la producción de bienes importados a la UE para evitar la fuga de carbono. No obstante, las nuevas medidas lo debilitan considerablemente:
- Dramática reducción del alcance: sólo se exigirá cumplimiento a empresas que importen más de 50 toneladas anuales de CO2, excluyendo al 90% de las empresas.
- Menos controles: se propone simplificar los procedimientos de autorización y cálculo de emisiones, reduciendo la gestión de la responsabilidad financiera del CBAM.
Un golpe a la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad
El paquete de medidas aprobado por la Comisión Europea marca un claro retroceso en la regulación empresarial en materia de sostenibilidad. Bajo la retórica de la simplificación, se ha elaborado un marco normativo que favorece los intereses de las grandes corporaciones, reduciendo las obligaciones empresariales y dificultando la transparencia. De aprobarse estas modificaciones, se retrasará la implementación de normativas clave, se flexibilizarán las exigencias ambientales y se limitarán las sanciones. Además, miles de empresas quedarán exentas de rendir cuentas sobre sus impactos en el medio ambiente y los derechos humanos.
Estos cambios evidencian una tensión entre los valores democráticos de la UE y la influencia de los lobbies empresariales en sus decisiones. También generan incertidumbre en inversores y consumidores, quienes dependen de la transparencia corporativa para tomar decisiones responsables. En definitiva, la Comisión Europea ha puesto en jaque el esfuerzo por construir un modelo económico verdaderamente sostenible y equitativo.
Fuente: Diario Responsables
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