La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto que los empleos informales no solo son peor remunerados y menos productivos que los formales, no generan ingresos fiscales y no tienen mecanismos de protección social, sino que, en medio de una pandemia, generan vulnerabilidades adicionales. Existen indicios de que la informalidad explica por qué América Latina concentra el 30% de los casos y muertes asociados al COVID-19 pese a representar solamente el 8% de la población mundial. La falta de protección obligó a los trabajadores informales a evadir las medidas de confinamiento con el fin de obtener un sustento, realizando actividades de mayor contacto humano y, por lo tanto, más propensas para la transmisión del virus. Por eso, pese a que de iure ha habido cuarentenas más largas en América Latina que en otras regiones, su efectividad ha sido limitada.
Existen indicios de que la informalidad explica por qué América Latina concentra el 30% de los casos y muertes asociados al COVID-19 pese a representar solamente el 8% de la población mundial.
Esto quiere decir que si antes de la pandemia existían suficientes argumentos para enfrentar la informalidad como uno de los grandes obstáculos al desarrollo de América Latina, la crisis actual ha añadido algunos más, que se suman a la desigualdad y la baja productividad. A diferencia de otras crisis, la informalidad no actuó como un amortiguador del choque económico, sino que, por el contrario, lo amplificó. La destrucción de empleos informales ha sido mayor que la de empleos formales que, por cierto, han estado protegidos por un sinnúmero de estrategias puestas en marcha por los gobiernos. Como si esto fuera poco, existe evidencia que indica que la informalidad reduce el efecto multiplicador de las medidas de estímulo fiscal.
En conclusión, sobran las razones para proponer reformas que a futuro reduzcan la informalidad. Esta debe ser una de las prioridades en la agenda de reformas impulsada por la pandemia.
Reducir la informalidad es una tarea que pasa por: (i) diseñar los sistemas de protección social que incluyan a todos los trabajadores (asalariados y no asalariados), (ii) reducir los costos de generar trabajo formal y (iii) mejorar las capacidades del Estado para monitorear y hacer cumplir las regulaciones. Esta es una agenda ambiciosa que requiere de grandes consensos. Por ello, es necesario realizar intervenciones en fases. Una estrategia de formalización podría comenzar con una reducción de costos de contratación para estimular la generación de empleos formales en el corto plazo, como parte de las medidas de reactivación.
Opciones de política para reducir los costos de la formalidad
Como parte de los paquetes de reactivación los gobiernos podrían pensar en las siguientes iniciativas:
- Reducción de aportes a la seguridad social. Establecer pagos a la seguridad social que sean una fracción de los que corresponden a tiempos ordinarios puede tener un efecto positivo sobre la generación de empleo formal.
- Reducción de impuestos sobre la nómina. Esta medida tiene consecuencias similares a lo que ocurre cuando se reducen los aportes a la seguridad social, pero puede enfrentar una menor resistencia política, siempre y cuando se compense fiscalmente a las entidades que reciben este tipo de recursos.
- Reducción de bonos salariales. Otra modalidad se refiere a la reducción de los recargos sobre la nómina, como las primas o bonos y los pagos adicionales por trabajar más allá de la jornada laboral ordinaria. Este tipo de medidas tienen una menor efectividad para reducir la informalidad y, además, generan un fuerte rechazo por parte de los trabajadores.
- Reducción de los costos salariales. Este tipo de medidas puede tomar dos formas. En primer lugar, en países donde el salario mínimo es muy alto con respecto al salario promedio, se puede considerar una moderación en el crecimiento del salario mínimo. Sin embargo, la economía política de los incrementos del salario mínimo es compleja y, en algunos países, se enmarca en normas de rango constitucional.
- Subsidio al empleo. Así, una opción seguramente más viable sería ofrecer a los empleadores un subsidio por cada trabajador contratado. Aunque el costo fiscal de esta medida sería elevado, durante la pandemia se han adoptado esquemas similares, con el fin de preservar el empleo. La recuperación con empleo formal requeriría transformar y prolongar este tipo de apoyos a los empleadores.
Aunque no hay fórmula fácil, y cada país debe explorar la opción que resulte más conveniente, la reducción de los impuestos a la nómina tiene menores opositores y puede generar un mayor impacto positivo sobre el empleo formal a un menor costo fiscal. En la medida que las condiciones fiscales lo permitan, los subsidios al empleo formal (que pueden ser una fracción del salario mínimo) son recomendables.
El contexto es complejo, pero esto no debería detener a los países en el objetivo de avanzar una agenda ambiciosa que ataque de raíz algunas de las causas centrales de la elevada informalidad en la región. Cada país tendrá que adaptar las potenciales medidas aquí descritas a sus realidades económicas, fiscales y políticas.
* Los autores agradecen la valiosa colaboración de Stephanie González Rubio.
Mariano Bosch
Mariano Bosch es jefe interino y especialista principal en la División de Mercados Laborales del BID. Desde sus inicios en el Banco en el 2011, Mariano ha liderado proyectos de investigación en área de mercados laborales, pensiones y políticas de bienestar.
Mauricio Cárdenas
Mauricio Cárdenas es investigador senior en el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, donde también enseña finanzas públicas, y es miembro de The Independent Panel, una iniciativa de la OMS que está evaluando la respuesta global a la pandemia del COVID-19.
