Las empresas que integran sostenibilidad de manera estratégica reportan mejores resultados económicos y mayor resiliencia frente a cambios regulatorios y de mercado.
Por: Magdalena Aninat
El País.com .- Europa ya no discute si regular la sostenibilidad empresarial, sino cómo hacerlo con mayor coherencia y proporcionalidad. Incluso tras los ajustes introducidos recientemente a la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) mediante el paquete Omnibus orientados a simplificar su implementación sin alterar su dirección estratégica, la Unión Europea mantiene estándares obligatorios de reportabilidad con doble materialidad, auditoría y debida diligencia en la cadena de suministro. Frente a este nuevo marco, América Latina se encuentra en una encrucijada estratégica.
Porque la discusión, más que regulatoria, es geopolítica y competitiva. Las tensiones en torno al acuerdo Unión Europea–Mercosur lo evidencian: el debate ha vuelto a poner en el centro las diferencias de estándares ambientales y productivos entre la UE y América Latina, especialmente en materias como deforestación, trazabilidad y cumplimiento climático. Lo que está en juego no es solo un tratado comercial, sino el acceso a mercados bajo nuevas reglas de producción y transparencia.
La CSRD, aunque es una regulación europea, tiene un alcance global. Desde 2025, las filiales de empresas europeas en otros países y las compañías extranjeras con operaciones relevantes en Europa deberán cumplir con estas exigencias. La doble materialidad eleva significativamente el estándar: exige evaluar tanto cómo los factores ESG afectan el desempeño de la empresa como el impacto de la empresa en su entorno. A esto se suman reportes más detallados, verificación externa e indicadores sobre cambio climático, diversidad, prácticas laborales y cadena de suministro. En la práctica, la CSRD no solo afecta a empresas europeas, sino también a proveedores y socios comerciales latinoamericanos integrados en cadenas globales de valor.
En paralelo, vemos una convergencia hacia la adopción de estándares S1 y S2 del International Sustainability Standards Board (ISSB).Mientras Brasil avanza en la adopción de estos estándares para empresas listadas, a través de su Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Chile sigue el mismo camino profundizando en sus exigencias de reporte ESG a través de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Colombia ha alineado directrices del sector financiero con TCFD, mientras México ha publicado sus Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), en un proceso de alineación progresiva con estándares internacionales.
Este movimiento no responde únicamente a presión externa. El Global Risks Report 2025 del Foro Económico Mundial mantiene los eventos climáticos extremos y otros riesgos ambientales entre los más relevantes en el corto y mediano plazo. La exposición económica persiste, más allá de oscilaciones políticas y narrativas públicas.
Sin embargo, el avance regulatorio no garantiza integración estratégica. Un estudio desarrollado en el Centro Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios UAI (Aninat, Koberg y Abarca, 2025), en conjunto con AmCham en 11 países y con la participación de 355 empresas latinoamericanas, muestra brechas significativas. El 27% aún no publica reportes formales de sostenibilidad y menos del 20% incorpora análisis de doble materialidad. Además, el 44% adopta un enfoque centrado principalmente en el cumplimiento normativo, mientras solo el 31% integra la sostenibilidad en su gobernanza y modelo de negocio.
La diferencia importa. Las empresas que integran sostenibilidad de manera estratégica reportan mejores resultados económicos y mayor resiliencia frente a cambios regulatorios y de mercado. En este contexto, la CSRD y la adopción creciente de ISSB pueden leerse de dos maneras: como un costo adicional de reporte o como un marco que ordena la gestión de riesgos y oportunidades en un entorno cada vez más exigente.
Para economías exportadoras como las latinoamericanas, la convergencia regulatoria europea también abre oportunidades. Sectores como minería, agroindustria y energía, claves en Chile, Brasil, Argentina, Colombia y México, pueden fortalecer su posicionamiento mediante sistemas de trazabilidad, gestión de emisiones y adopción temprana de estándares internacionales. La implementación de marcos como TCFD (riesgos climáticos) y TNFD (naturaleza y biodiversidad) puede anticipar exigencias futuras, reducir fricciones comerciales y mejorar acceso a mercados y capital.
La encrucijada, entonces, no es si replicar el modelo europeo, sino cómo posicionarse frente a una arquitectura regulatoria global en transformación. Las normas nivelan la transparencia, pero la ventaja competitiva dependerá de la capacidad que tenga cada empresa para traducir esa transparencia en decisiones de inversión, gestión de riesgos y estrategia de largo plazo.
Europa regula y América Latina no solo debe adaptarse. Debe decidir si lo hará desde el cumplimiento mínimo o desde una redefinición estratégica de su competitividad en los mercados globales.
*Magdalena Aninat es directora del Centro Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios UAI
