(Javier Espada)* Mucho se ha venido discutiendo sobre normar la Responsabilidad Social (RS), no solo en Bolivia sino en el mundo.
Por naturaleza, la Responsabilidad Social consiste en la toma de conciencia voluntaria acerca de lo que ocurre hoy por hoy en nuestro planeta. A nadie sorprende que los índices de consumo energético han llegado a cifras exorbitantes, que estamos derrochando casi un planeta y medio y que a la fecha hemos consumido más recursos que todo el año pasado. La aceleración de zonas desérticas y pérdidas de bosques ya nos van cobrando factura con el cambio climático y los desastres naturales que sufrimos todos los días.
Tampoco es extraño que la pobreza se profundiza cada vez más por el incremento de la desigualdad, personas que amasan fortunas que llegan al grado de lo absurdo versus aquellas que sobreviven con lo que pueden. No existe discusión en que algo se debe hacer para que las futuras generaciones tengan precisamente eso: un futuro.
Para explicar porque si sabemos que las cosas están como están, no hacemos casi nada al respecto, deberemos basarnos en la antropología y la historia para remontarnos a la época de la conquista. Los españoles que llegaron a “descubrir” América no fueron la mejor gente, sino piratas y prisioneros de la peor calaña y grado de educación que trataron de borrar la conciencia y cosmovisión indígena desarrollada a lo largo de siglos con la finalidad de eliminar sus costumbres, lenguas y todo lo inherente a su identidad. A diferencia de la conquista anglosajona y francesa que si bien dio exterminio a tribus enteras en el Norte, mantuvo valores y principios europeos en sus ciudadanos, por ello que la solidaridad, la filantropía y el voluntariado han sido tan desarrollados en países como Canadá o Estados Unidos y qué decir de países escandinavos o nórdicos.
Afortunadamente los indígenas sudamericanos aún conservan valores ancestrales y universales como la ayuda mutua, la vida en comunidad, el respeto a la madre tierra, la solidaridad, la complementariedad y el equilibrio.
Somos nosotros, los no indígenas latinoamericanos, quienes llevamos en nuestras venas una mezcla de taras genéticas como el egoísmo, la individualidad y el irrespeto con el medio ambiente que devienen desde la época de la colonia. Tenemos mucho que aprender de la vida del campo acerca de la escala de prioridades, tanto es así que el concepto de pobreza para los indígenas consiste en no tener comunidad donde compartir lo mucho o poco que se tiene, mientras que para los no indígenas es no tener el Iphone 6. Estos conceptos también han sido altamente promovidos por el Presidente del Uruguay Pepe Mujica, nominado al Premio Nobel en dos ocasiones.
Si bien en los últimos años se han tenido avances importantes en Bolivia gracias al surgimiento de jóvenes líderes que han inspirando a otros a donar dinero para causas sociales y trabajar en jornadas de voluntariado, nuestro país sigue estando por debajo de Afganistán, Haití, Kenia, Nigeria o Pakistán en niveles de solidaridad, asó lo demuestra el World Giving Index 2013 de la organización Charities Aid Found que mide la solidaridad de los países basados en tres indicadores: Personas que donan, personas que participan en jornadas de voluntariado y personas que ayudan a extraños.
Por esto es que las leyes en nuestro país han jugado un importante rol como aceleradoras de procesos sociales que no se dieron en el país, porque no nos dejaron. Aun funciona la figura del Estado-Policía para algunos sectores de la economía que de manera consciente y voluntaria no quieren sumarse a luchar contra las injusticias, mucho menos contra la pobreza. Claros ejemplos de leyes aceleradoras de procesos son las victorias laborales traducidas en lo que será el nuevo Código General del Trabajo, la promoción de la inclusión social y laboral en leyes como de las de personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes y contra toda forma de discriminación y racismo, que en el ámbito de la RSE son considerados grupos prioritarios.
En este proceso evolutivo e histórico, la ASFI publicó el reglamento de RSE para todas las Entidades de Intermediación Financiera (EIFs) en 2013. A simple vista este reglamento parecería crear un dilema jurídico, ya que si la RSE por naturaleza es voluntaria porque elaborar una norma. La respuesta más profunda es que si no existirse un reglamento de RSE es posible que muchas EIFs jamás hubiesen incursionado en el tema de la RSE. En un evento en el que fui invitado hace unos meses lance esta pregunta al público que provenía del sector financiero: ¿Si no existiese una norma de RSE, ustedes la harían? Ni siquiera el 10% del auditorio respondió a favor de la RSE.
Lo que hizo la ASFI no fue reglamentar la RSE sino brindar una guía para estructurar mejor los programas y proyectos sociales que ya venían haciendo algunas EIFs, pero que en el camino se fueron desvirtuando mezclándolos con el marketing. El reglamento de la ASFI sigue los lineamientos de la ISO26000, que es otra guía voluntaria de buenas prácticas. Entonces es bueno aclarar que la RSE es y siempre será voluntaria.
Otra de las cosas que establece el reglamento de la ASFI es que las EIFs deben presentar sus Balances Sociales hasta abril del 2015 (Proceso paralelo que vivió también Noruega que nos lleva 60 años de ventaja en temas de RSE al exigir de las empresas transparencia). Lo único obligatorio es este reglamento es la exigencia del Balance Social en una fecha determinada, más no que las EIFs realicen grandes inversiones en programas o proyectos de RSE. En otras palabras, le llegará una multa a la EIF que no presente su Balance Social en el tiempo establecido. Este Balance Social, también llamado informe de RSE o reporte de sustentabilidad (dependiendo la escuela) es un resumen de los esfuerzos económicos, sociales y ambientales que realizó la EIF en una gestión. Estoy seguro que muchas EIFs, por muy pequeñas que sean, cumplen con eso. Lo único que se requiere es orden, creatividad y tener un enfoque claro.
Una normativa jamás podría definir lo que debe o no hacer una organización en RSE, porque cada organización tiene identidad propia y diferentes grupos de interés, por tanto las estrategias, proyectos y acciones son todas diferentes.
Debido a estas confusiones es que se ha generado escepticismo e incertidumbre cuando el Gobierno Nacional abre la posibilidad de comenzar a trazar lineamientos de RSE para otros sectores de la economía. Desde mi enfoque si se debe normar, pero no la RSE, sino la promoción de la RSE, otorgando incentivos a quienes realicen buenas prácticas empresariales. Esas políticas públicas deben tender a que todos los actores de la sociedad cumplan con los principios de la RSE, ya se trate de empresas privadas, públicas, mixtas o comunitarias.
Para finalizar, no creo que se deba tener miedo a las nuevas normas que irán surgiendo para avanzar en un país más justo y equitativo. Vale la pena mencionar que en el periodo del Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé se sancionó la Ley No. 3314 el 16 de diciembre de 2005. Posiblemente no muchos conocen esta normativa llamada Ley del Voluntariado. Si seguimos una lógica jurídica tradicional, suena contradictorio el hecho de que se norme algo tan esencialmente voluntario como el voluntariado; sin embargo, fue sancionada y a nadie se le ha obligado a ser voluntario.
Esto se debe a que en el artículo 1 de esta ley se establece que su objeto es promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria y esa debe ser la línea que sigan las normas venideras de promoción de RSE en Bolivia.
*Javier Espada Valenzuela es experto en Gestión de la RSE en el Estado Plurinacional de Bolivia
