La laicidad dejó de ser un principio constitucional para convertirse en un desafío cotidiano. Cuando la fe choca con la ley, decidir sobre la maternidad no es solo un derecho, es una historia personal. Sara y Ana la cuentan.
Por : Marcela Alejandra Camargo Mamani – Periodista, Reportaje realizado en el marco del curso ‘Los DSDR en la Agenda’ de Católicas por el Derecho a Decidir.
En un Estado laico, las decisiones públicas no deberían responder a una determinada creencia. Sin embargo, cuando una mujer enfrenta un embarazo en determinadas circunstancias, decidir rara vez depende solo de lo que dice la ley. En ellas confluyen la fe, los valores, el miedo, la presión social, el entorno familiar y las experiencias de vida. Es allí donde la norma deja de ser un concepto jurídico para adquirir un rostro humano.
Nadie en su casa lo supo hasta que ya era tarde para preguntar. Sara tenía poco más de veinte años, estudiaba en la universidad, y decidió continuar su embarazo. Sin embargo, el miedo al rechazo la llevó a vivir su embarazo en secreto. Ocultar el embarazo, el nacimiento de su hija y los primeros meses de su maternidad fueron decisiones motivadas por el miedo de perder el apoyo de su familia, abandonar la universidad y quedarse sola. “Nunca le dije a mi papá. Pensé que me iba a sacar de la casa y que ya no iba a estudiar”, recuerda.
Sara usaba ropa ancha para ocultar su embarazo, evitaba a sus familiares y pese que vivía sola con la compañía ocasional de una cuidadora ella no sintió la confianza para mostrase siquiera en ese ambiente. Su pareja conoció la noticia desde el inicio y la acompañó durante el embarazo. Sin embargo, el temor a la reacción de la familia de Sara fue mayor. “No era miedo porque me pegaran, era miedo a decepcionarlos”, explica.
El juego del gato y el ratón se extendió hasta después del parto. Dos meses después del nacimiento, su hija murió por una broncoaspiración. Quiso dejar a su pareja, pero descubrió que estaba nuevamente embarazada. Años después, todavía se pregunta si las cosas habrían sido distintas de haber hablado antes con su padre. “Si tal vez hubiera hablado antes con ellos, mi hija no se hubiera muerto”, dice, convencida.
Su decisión de ocultar el embarazo no estuvo motivada únicamente por el temor a la reacción de su familia. También estuvo atravesada por las convicciones religiosas y morales presentes en el entorno en el que creció, donde el miedo al rechazo y al juicio social adquiría un peso determinante.
Respecto a su segundo embarazo, posterior a la muerte de su primera hija, ella decidió hablar con su familia y ocurrió todo lo contrario a lo que esperaba, su familia la apoyó y pudo salir adelante. Sara nunca consideró interrumpir sus embarazos. Sin embargo, con el paso de los años reconoce que existen circunstancias en las que otras mujeres pueden enfrentar una realidad distinta. “En un caso de violación… creo que sí debería existir esa posibilidad”, reflexiona.
La historia de Ana fue distinta. A los 17 años quedó embarazada como consecuencia de una violación ocurrida en su propio entorno familiar. “Tenía miedo porque nadie me iba a creer, tal vez porque yo no era su hija”, afirma.
El agresor de Ana la amenazó con hacerle daño a su hermana y a su madre si es que ella hablaba. También la obligó a realizarse el aborto en una clínica clandestina. Quien le había hecho daño fue también quien le impuso esa decisión. “La persona que me hizo daño fue la que me dijo que yo haga el aborto”.
Ana tenía miedo y no pidió apoyo a nadie. El momento de realizarse el legrado Ana estaba sola y ella decidió orar “Estaba rezando… No es mi culpa… pero lo tengo que hacer”. Finalmente, el procedimiento terminó, Ana estaba vacía y rota.
El silencio de Ana estuvo marcado no solo por el miedo, sino también por el contexto legal de la época. Para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo todavía debía presentar una denuncia y obtener una autorización judicial previa, un procedimiento que prolongaba el proceso y levantaba una barrera adicional para mujeres que, como ella, ya enfrentaban las secuelas de una agresión sexual.
Regresar a casa y seguir conviviendo con su agresor en medio del silencio y nuevas agresiones la quebró y decidió independizarse, salió a trabajar y estudiar, culminó su profesión como maestra. Ahora dicta clases a niños de primero a sexto de primaria, además logró conformar una familia propia.
Desde su experiencia como docente Ana reflexiona y reconoce que ahora hay más apoyo, la perspectiva es diferente a la de antes. Si esto le hubiese pasado en esta época ella hubiera denunciado “Sí, porque al denunciar me hubieran dado apoyo…” y sobre la ILE, Ana hubiera tomado ese camino.
Actualmente, Ana trabaja como maestra de primaria y procura que sus alumnos sepan que nunca están solos. Desde el aula promueve espacios de confianza para que los niños y niñas se animen a hablar cuando algo les preocupa. “Siempre les he dicho a mis niños que tengan confianza y hablen con la persona que más quieren y, si no, pues que vengan a hablar conmigo”, cuenta.
Esa convicción también la llevó a actuar cuando una guía de su unidad educativa le comentó sobre una niña de 10 años que posiblemente atravesaba una situación de riesgo. Aunque la menor no era su alumna, Ana se movilizó junto con su madre y la dirección del establecimiento para que el caso fuera atendido.
Han pasado los años y Ana ya no es aquella adolescente paralizada por el miedo. Hoy, si pudiera abrazar a la joven de 17 años que creyó que estaba sola, solo le diría una frase, “Tú eres valiente, puedes”.
Tanto Ana como Sara, cargan con sus decisiones todos los días. La interrupción del embarazo (ILE) tiene una historia propia, más larga y más lenta de lo que sus protagonistas llegaron a conocer.
En 1972, Bolivia incorporó en su legislación las causales que permiten la interrupción legal del embarazo cuando este es consecuencia de violación, estupro o incesto, o cuando pone en riesgo la vida o la salud de la gestante. La norma exigía además una autorización judicial previa, un requisito que prolongaba el trámite hasta el punto de que, en la práctica, muy pocas mujeres lograban acceder al procedimiento dentro del tiempo oportuno.
Cinco décadas de vigencia no siempre significan cinco décadas de acceso. Gracias a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, se eliminó la exigencia de autorización judicial para acceder a una ILE para la causal de violencia sexual. Aunque esta decisión facilitó el procedimiento, el ejercicio de este derecho sigue enfrentando tensiones entre la ley, las creencias religiosas y el carácter laico del Estado.
Bolivia dejó de tener una religión oficial hace 17 años, reforzando el carácter laico del Estado y ampliando el marco de derechos. Sin embargo, esas garantías suelen ser más claras en la norma que en la realidad cotidiana.
Aunque el Estado se define como laico, las decisiones sobre la maternidad están atravesadas por convicciones religiosas, presión moral, valores personales, normas jurídicas y derechos fundamentales que, en ocasiones, entran en tensión. La laicidad no busca excluir la religión de la vida de las personas, sino garantizar que el Estado proteja los derechos de todas sin imponer una determinada creencia. En ese marco, cada mujer puede tomar decisiones libres e informadas, de acuerdo con la ley y sus propias convicciones.
Para el constitucionalista Óscar Pérez, la laicidad no implica excluir las convicciones religiosas del debate público, sino impedir que exista una religión oficial. “Un Estado laico significa, simple y llanamente, que Bolivia no tiene una religión oficial”, sostiene.
Desde su perspectiva, el problema no radica únicamente en la legislación, sino en la capacidad del Estado para prevenir estas situaciones. ” La ley penal llega cuando ya se ha cometido el delito, ya tenemos una víctima, ya han sucedido los hechos, pero el Estado está en la posibilidad de, mediante políticas públicas, adelantarse esta situación mediante la educación” afirma Pérez.
Esa falta de prevención tiene cifras. Durante la gestión 2023, se registraron 1.376 procedimientos de ILE en Bolivia, divididos equitativamente entre mujeres adultas y menores de edad. Sin embargo, la cifra más alarmante nos llama a una profunda reflexión, el 100% de las niñas menores de 15 años que accedieron a este derecho lo hicieron tras ser víctimas de violencia sexual.
El dato del grupo de 15 a 19 años tampoco es menor. Ese 83% atribuido a la violencia sexual demuestra la indefensión de las víctimas.
Los datos oficiales desagregados correspondientes a 2024 y 2025 aún no han sido publicados por el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS-VE). No obstante, información institucional difundida por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Bolivia), con base en Reportes Dinámicos Anuales del SNIS-VE (Ministerio de Salud y Deportes, consulta del 27/01/2026), señala que en 2024 se reportaron 2.348 ILE a nivel nacional y en 2025 la cifra registrada fue de 1.741 ILE, sumando un total de 4.089 procedimientos en esas dos gestiones.
Este mismo reporte de 2023 indica además que la tendencia observada se mantiene, mostrando que una alta proporción de los casos en menores de 19 años corresponde a embarazos producto de violencia sexual, mientras que en las mujeres adultas predominan las causales vinculadas al riesgo para la salud o la vida y a malformaciones fetales graves.
Si bien las cifras muestran la frecuencia de las causales por las que se recurre a una ILE, no explican por qué, aun existiendo un marco legal, muchas mujeres enfrentan profundos conflictos al momento de decidir. La historia de Ana refleja precisamente esa dimensión humana, donde la ley convive con las creencias, los valores y las circunstancias personales.
Para el abogado constitucionalista Óscar Pérez, ese escenario también plantea desafíos para el Estado. A su juicio, reconocer un derecho no basta si no existen políticas públicas orientadas a la prevención, la educación sexual y el acompañamiento integral de quienes atraviesan un embarazo en contextos de violencia o riesgo para la salud. “Ya sea que el Estado adopte una postura permisiva o restrictiva frente al aborto, tiene la obligación de desarrollar políticas públicas de educación y prevención”, sostiene.
Esa convivencia entre derechos y convicciones no solo alcanza a las mujeres. También se manifiesta entre algunos profesionales de la salud encargados de aplicar la norma. Tras la Sentencia Constitucional 0206/2014, que eliminó la exigencia de autorización judicial para acceder a una ILE en los casos permitidos por la ley, algunos médicos han invocado la objeción de conciencia para abstenerse de realizar el procedimiento.
“Los servicios de salud tienen que practicar el tema del aborto, pero ahí se ha chocado con muchos médicos que han planteado una objeción, porque ellos prefieren ponderar el derecho a la vida”, explica Pérez. En su criterio, esta situación evidencia que las tensiones entre derechos y convicciones personales no terminan con la aprobación de una norma, sino que también se trasladan a quienes deben aplicarla.
La objeción de conciencia protege la libertad individual del personal de salud, pero no puede trasladarse a todo un establecimiento sanitario. Aunque un médico decida no realizar una ILE por razones éticas o religiosas, el centro de salud mantiene la obligación de garantizar que la paciente reciba la atención prevista por la normativa vigente.
Las tensiones entre la fe, las decisiones personales y la actuación del Estado muestran que la laicidad no elimina los dilemas que rodean a la maternidad ni a la Interrupción Legal del Embarazo. Lo que exige es que las instituciones públicas actúen desde la Constitución y la ley, garantizando derechos sin imponer una determinada convicción religiosa sobre otra.
Diecisiete años después de que Bolivia dejara de tener una religión oficial, la historia Ana recuerda que detrás de cada decisión existe una realidad distinta, marcada por el miedo, la violencia, las creencias, la esperanza o las circunstancias personales. Ninguna norma puede resolver esos conflictos íntimos. Sin embargo, en un Estado laico, corresponde al Estado crear las condiciones para que cada mujer pueda decidir con información, acompañamiento y dentro del marco de los derechos que la ley reconoce.
Ana lo resume de otra forma, dirigida a quienes hoy atraviesan una decisión como la suya. “No están solas, siempre confíen en alguien que pueda ayudarlas”, reflexiona. “Si alguien las amenaza y les dice que algo va a pasar si no lo hacen, que no les crean. Que estén seguras de lo que van a hacer. Y que, si tienen ayuda, no se hundan solas, y si no la tienen, la busquen.” Hace una pausa y agrega lo que, para ella, resume todo. “Si hay personas que detrás de ti se están preocupando por ti, tú no te das cuenta. Tal vez necesitas hablar con alguien y contar lo que te pasa”.
Diecisiete años después de que Bolivia dejara de tener una religión oficial, las historias de Sara y Ana recuerdan que detrás de cada decisión existen realidades distintas. En un Estado laico, el desafío no es decidir por las mujeres, sino garantizar que puedan ejercer los derechos que la ley reconoce sin que una determinada creencia se imponga sobre las demás.
