La industria plantea una instancia público-privada para anticipar riesgos sobre el agua, la energía, las materias primas, la producción y el abastecimiento.
El fenómeno de El Niño representa un riesgo que trasciende lo climático y puede tener efectos sobre la producción, el empleo, el abastecimiento y el crecimiento económico del país. Ante este escenario, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) planteó que Bolivia debe anticiparse y fortalecer sus mecanismos de prevención.
Según estimaciones de la CNI, los efectos de El Niño podrían impactar entre 0,3 y 2 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PIB de 2026, dependiendo de la intensidad del fenómeno y de la capacidad de respuesta del país.
La temperatura entre abril y julio de 2026 aumentó entre 0,5 y 2,6 °C en el Oceáno Pacífico, lo cual generó un incremento de la temperatura en las ciudades de Bolivia, evidenciando la presencia del Súper Niño.
“El clima no podemos controlarlo. El impacto sí podemos reducirlo. Anticiparnos es producir”, señaló su presidente, Gonzalo Morales, al plantear una estrategia nacional que permita identificar riesgos y tomar decisiones antes de que las eventuales afectaciones se conviertan en pérdidas productivas.
Frente a este escenario, la CNI propone la conformación de un Consejo Nacional de Prevención ante El Niño, como una instancia de coordinación entre el sector público, privado, productivo y académico. El objetivo es anticipar los posibles impactos económicos y productivos, identificar sectores y regiones vulnerables y coordinar medidas relacionadas con agua, energía, materias primas, infraestructura, logística y abastecimiento.
Uno de los principales factores de preocupación es la disponibilidad de agua, tanto para el consumo de la población como para las actividades productivas. Un escenario de mayor sequía puede reducir los caudales y generar estrés hídrico en regiones del occidente y parte del oriente, con efectos sobre la agricultura, la ganadería, la generación eléctrica y la industria.
Para el sector industrial, una menor producción agropecuaria también puede traducirse en escasez y encarecimiento de materias primas, afectando cadenas vinculadas a alimentos, aceites, productos agroindustriales y otras actividades manufactureras.
A esto se suma el riesgo sobre la seguridad energética y la logística, factores esenciales para garantizar la continuidad de las operaciones industriales.
La combinación de menor oferta de materias primas y mayores costos de producción podría generar presiones adicionales sobre los precios y aumentar la competencia de productos importados y del contrabando.
Para la CNI, proteger la capacidad productiva nacional es también una forma de proteger el empleo, garantizar el abastecimiento y moderar las presiones sobre los precios.
