El presente decálogo declara Prioridad Nacional la Lucha Contra el Feminicidio y la Violencia hacia a las mujeres, niñas y adolescentes:
1.- Pacto para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se destine a la lucha contra la violencia hacia a las mujeres, niñas y adolescentes.
2.- Pacto paras prevenir la violencia desde el sistema educativo, con la participación de madre, padres de familia, maestros, maestras y estudiantes para construir nuevas relaciones basadas en el respeto y no en la violencia.
3.- Pacto para eliminar la impunidad, con la Policía, la Fiscalía, el Órgano Judicial, para acelerar el acceso a la justicia.
4.- Pacto con y en las familias para promover una cultura con valores, la corresponsabilidad y lucha contra las violencias.
5.- Pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias y niveles de gobierno, cada servidor público, no sólo debe conocer la norma, sino también debe entender la problemática de la violencia, para fortalecer el rol de las y los servidores públicos en la protección, promoción, atención a la violencia que viven las mujeres y la niñez, en especial con el Sistema de Salud.
6.- Pacto para comunicar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la niñez, para avanzar en la construcción de una cultura de no violencia.
7.- Pacto con los municipios y gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres y la niñez que viven situaciones de violencias, para dar respuesta oportuna a las víctimas y prevenir la violencia para la ejecución de sus recursos.
8.- Pacto con las empresas privadas para combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia a las mujeres.
9.- Pacto con las organizaciones sociales, para que se constituyan en promotores y vigilantes de la lucha contra las violencias, desde los barrios, las comunidades, los espacios laborales, etc.
10.- Pacto para estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como de extrema gravedad y lesa humanidad, y plantear un tratado internacional sobre el feminicidio.
Estos pactos, serán desarrollados y monitoreados, desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización «Ana María Romero», con control social y seguimiento estrecho por el Gabinete Especial, bajo la dirección del Presidente.
Fuente: ABI
